Remarcaron que prohibir la tercerización afecta la libertad de empresa, la especialización y generará la pérdida de miles de empleos formales.
La ‘Unión de Gremios del Perú’, representante de sectores como la micro y pequeña empresa, las cámaras de diversas regiones del país, la industria, el comercio, las exportaciones, el transporte, el turismo, la tecnología y los servicios, recordaron que el lunes 4 de julio, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 455/2021-CR, 615/2021.CR y 1713/2021-CR que modifica las leyes que regulan la tercerización y la intermediación laboral, prohibiendo su utilización para actividades principales de la economía.
Así, indicaron que la aprobación de la medida genera la afectación constitucional a la libertad de empresa, principalmente de las micro y pequeñas empresas (MYPE), en razón a que las empresas de intermediación y tercerización reducirán la posibilidad de brindar sus servicios que prestan a otras empresas, poniendo en riesgo el empleo formal de miles de trabajadores y la subsistencia de las propias empresas contratantes.
«El Estado debe velar por la sostenibilidad de las empresas, al ser fuente del 80% del empleo en el Perú», remarcaron.
Señalaron que tanto la intermediación, así como la tercerización laboral son modalidades de trabajo legales y avaladas por nuestro Tribunal Constitucional en el sentido de ser figuras que respetan los derechos laborales.
Estas modalidades sirven como palanca para que las pequeñas empresas puedan generar empleo, desarrollar actividades especializadas, así como también alcanzar una mayor competitividad y productividad, generando miles de puestos de trabajo formales de manera directa y con ello unirse a la cadena productiva.
Restringir estas modalidades impactaría gravemente en el empleo de miles de peruanos y eliminaría la fuente de trabajo que los origina.
«Nuevamente vemos con preocupación que no se está respetando el diálogo social y concertación laboral, al ignorar el espacio del Consejo Nacional de Trabajo para discutir políticas laborales con los actores involucrados: Estado, empleadores y trabajadores», lamentaron.
«Creemos que el Gobierno, en lugar de atentar contra los empleos, debe fiscalizar el uso correcto de estas modalidades y sancionar los comportamientos fuera del marco de la ley», acotaron.
Es decir, impartir políticas públicas de empleo que reactiven el motor de la economía que está en la inversión privada y fortalecer el rol de la Sunafil a través de mayor dotación de presupuesto e innovación tecnológica para un adecuado y oportuno ejercicio fiscalizador.
«Desde la ‘Unión de gremios del Perú’ demandamos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República reactivar los temas generadores de empleo e invocamos a debatir estas medidas en las instituciones que corresponden como el Consejo Nacional del Trabajo», finalizaron.
