Cesar Delgado Canaval, Gerente de Asuntos
Ambientales y Sociales. CESEL SA.
El 28 de julio de 2021, el presidente Pedro Castillo Terrones anunció que “… si un proyecto minero no tiene rentabilidad social, simplemente no va”. Pero, ¿Cómo aterrizamos el concepto de rentabilidad social?, ¿Qué antecedentes y herramientas existen para determinar la rentabilidad social de una actividad económica? O mejor aún, ¿Por qué no proponemos un sistema que asegure, de manera vinculante, el desarrollo de las comunidades en el área de influencia, sin comprometer la viabilidad económica de las operaciones mineras?
De manera general, la rentabilidad social se obtiene cuando, de la contraposición entre los beneficios que aporta cierta actividad contra los perjuicios que esta pudiera ocasionar a la sociedad en su conjunto, obtenemos un resultado positivo, en términos no necesaria o únicamente económicos.
Esta definición general esconde una problemática de gran escala en lo que a definición de rentabilidad social se refiere; ya que podríamos argumentar que las inversiones mineras como las conocemos ya son rentables para el estado peruano y, por consiguiente, a la sociedad peruana en su conjunto. Citando al Boletín Estadístico Minero 04-2021, en la última década, la minería ha impulsado en promedio aproximadamente el 10% del PBI nacional, ha contribuido con el 60% de las exportaciones nacionales y representado el 23% en la inversión extranjera directa; manteniendo la balanza comercial en positivo, asegurando el ingreso de divisas, evitando el financiamiento público y estabilizando el tipo de cambio.
Sin embargo, debemos entender el anuncio del presidente a una escala mucho menor, referida específicamente a las áreas de influencia de las operaciones mineras. Siendo así, podría argumentarse que la rentabilidad social a esa escala es más difusa, y se mediría en función a diversas razones y condiciones tales como la falta de servicios básicos, infraestructura, accesos a servicios de salud, saneamiento y educación, así como vulnerabilidades ambientales. La mayoría de ellas –o todas– de responsabilidad del propio estado peruano, que no ha logrado a la fecha encontrar mecanismos eficientes de inversión del canon destinado precisamente para ese propósito. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) informó que no hay eficiencia de las autoridades subnacionales en el uso del canon minero, que es una fuente de inversión pública para obras de infraestructura de impacto regional y local.
Las empresas mineras no han estado de brazos cruzados y a través de los años han desarrollado políticas de responsabilidad social y obras por impuestos…
