Luis Miguel Elías, Socio del Área Minera de Rebaza, Alcázar & De Las Casas. David Baracco, Asociado Senior del Área Minera de Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
En el contexto actual, existe una escalada de conflictividad social relacionada a la minería. En los últimos años esta tensa relación, lejos de mejorar, se ha agudizado con importantes efectos adversos en el sector reflejados en diversas paralizaciones de proyectos operativos y la frustración de inversiones en nuevos proyectos, ya sea en exploración (greenfield) o en la ampliación de proyectos actuales (brownfield).
Por ejemplo, en el Reporte de Conflictos Sociales emitido por la Defensoría del Pueblo en junio de 2022, se identificaron un total de ochenta y ocho conflictos socioambientales vigentes relacionados a la minería. De la revisión de estas cifras, vemos que tienden a incrementarse junto con los pedidos sociales de las comunidades en la zona de influencia de diversos proyectos mineros. Esta situación implica la falta de aprovechamiento de las reservas de minerales del país y, por tanto, conlleva a una reducción significativa de la productividad minera, oportunidades de empleo formal, movimiento de la cadena productiva, así como menores probabilidades de recaudación tributaria.
Si bien este escenario ya es desalentador, se ve agravado si tomamos en cuenta que a nivel internacional existe un considerable aumento de la demanda de minerales como consecuencia de la tendencia a migrar de fuentes de energías convencionales a fuentes de energía renovable, proceso que requiere importantes cantidades de cobre, hierro, plomo, plata, zinc, litio, grafito, entre otros.
La mayoría de estos productos son característicos de la reserva minera peruana, los cuales podrían ser explotados en mayor medida en el país para cubrir esta demanda internacional sino fuera por la creciente conflictividad social. Este potencial minero se ve evidenciado en que nuestro país mantiene las mayores reservas mundiales de plata, y ocupa el tercer lugar en los casos del cobre y plomo.
En este contexto, es deseable para la economía nacional y por supuesto para cualquier inversionista en minería, priorizar la prevención de conflictos sociales al momento de desarrollar un proyecto minero. En efecto, resulta evidente que, para operar diligente y adecuadamente, ya no bastará con las licencias y autorizaciones otorgadas por el Estado, sino
que es igual de importante y necesario obtener una coloquialmente denominada “licencia social” que le permita a la empresa operar conforme a lo proyecta do. En ese sentido, proponemos algunas medidas que pueden resultar de interés para prevenir conflictos sociales en el sector minero.
