Por: Franco Arista, Gerente del Programa Oro de SOLIDARIDAD
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la producción de oro en el 2015 fue de 145 toneladas, y se estima que entre el 10% y 15% del total provino del sector de la pequeña minería y minería artesanal. Estos números hacen que formalizar al segmento sea prioritario en la agenda del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y prueba de ello es la próxima publicación de las nuevas normas para la formalización de la minería.
Sin embargo, antes de reactivar este proceso es necesario realizar un análisis de los aciertos y desaciertos en el abordaje de la problemática durante el periodo 2011-2016, lo que sin duda nos ayudará a no repetir errores y fortalecer lo avanzado. Entonces, ¿cómo le fue al Perú en el proceso de formalización de la minería en los últimos años?
DESACIERTOS
Lamentablemente el balance no es positivo. Desde el principio el proceso de formalización no contó con una estrategia y menos con un liderazgo claro, creándose una figura como el Alto Comisionado para la Formalización Minera, la Interdicción de la Minería Ilegal y la Remediación Ambiental (ACAFMIRA) que no tuvo trascendencia.
Este proceso de formalización fue básicamente punitivo, y no incorporaba incentivos o protección para el minero. Evidentemente las normas fueron diseñadas sin tener un diagnóstico de la realidad.
Uno de los errores fue que los mineros en proceso de formalización perdieron la calificación de Pequeño Minero Artesanal (PMA) y/o Pequeño Productor Minero (PPM), lo que significó que 8,684 empresas de pequeña escala pasen a formar parte de las empresas con calificación de gran y mediana minería. Así, estas pequeñas empresas adquirieron obligaciones imposibles de cumplir, como el pago de derecho de vigencia del régimen general y el pago de regalía minera.
En tanto, la firma de las Declaraciones de Compromiso ayudó a estimar un número de mineros con intención de formalizar su actividad. Hablamos de un total de 72,917 mineros, entre personas naturales y jurídicas, de los cuales solo 1,056 lograron ser formalizados hasta febrero de este año, mientras que 36,452 continúan en etapa de saneamiento.
Finalmente, la limitada capacidad técnica y económica de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), los niveles de corrupción de algunos gobiernos regionales y la falta de voluntad política de las autoridades frenaron el proceso, que de por sí ya era complejo y contaba con vacíos legales.
ACIERTOS
Sin embargo, desde el año 2011 hasta la actualidad también se lograron avances que vale la pena analizar. El Perú ha venido cumpliendo con los acuerdos plasmados en la Decisión 774 de la Comunidad Andina sobre “Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal”, que entre sus objetivos impulsa la formalización minera de los países miembros.
Asimismo, en octubre del 2015 nuestro país ratificó el Convenio de Minamata, por lo que se comprometió también a reducir y/o eliminar el uso del mercurio en la minería de pequeña escala. La distinción entre la minería informal e ilegal (Art. 2 del DL 1105) direccionó geográficamente la lucha contra la minería ilegal.
Debemos señalar también que en el último proceso de formalización se promovió la presentación de los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), incluso de manera colectiva para disminuir los costos.
PROPUESTAS
Desde este punto, y a puertas de renovar el proceso de formalización de la minería informal de pequeña escala, me permito decir que el primer paso que debe dar el actual Gobierno es devolver la calificación a los pequeños mineros y artesanales, y tener una cifra real de la masa a formalizar, por lo que sugerimos se implemente la Declaración de Compromiso Excepcional (DCE).
Esta declaración jurada debe ser completada por cada minero con información como tipo de minería (aluvial o filoniana), titularidad minera, titularidad de la superficie, calificación, RUC, número de socios, número de trabajadores, coordenadas geográficas y tiempo en la actividad minera. El incentivo de este primer paso radicaría en la obtención de su calificación (PPM o PMA), es decir, el minero ya no deberá esperar a culminar el proceso para obtener su calificación, sino la obtendrá desde el inicio y será revalidada al culminar el proceso.
Por supuesto, los contratos con titulares mineros y titulares de superficie deben ser manejados por el canal del diálogo y la negociación, pero el Estado debe idear incentivos para generar estos encuentros y acuerdos donde ambas partes se beneficien.
Los mecanismos de certificación de oro para la minería de pequeña escala también representan una alternativa para que los mineros se formalicen y reciban un precio justo por el oro exportado. Es fundamental alentar este proceso desde el mercado.
Finalmente, el Gobierno debe ser muy claro respecto a los pasos a seguir para alcanzar la formalización, pero más claro aún para indicar cómo mantenerse en esa formalidad, pues la minería artesanal es fuente de trabajo y de desarrollo para muchas comunidades y también para el país, como indican las cifras de producción.
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