Tras la reciente realización del PDAC en Canadá, donde el Perú mostró su enorme potencial minero y renovó su convocatoria a los inversionistas del mundo a ser parte del desarrollo de la industria minera del país, ¿qué acciones concretas ha emprendido el Ejecutivo para potenciar su crecimiento a corto plazo y darle sostenibilidad a esta actividad a futuro? Augusto Cauti, viceministro de Minas del Perú, responde con detalle a esta y otras interrogantes decisivas para la actualidad y perspectivas del sector en la presente entrevista.
¿Cuál es el balance de la participación de la misión del Perú en el reciente PDAC?
Positivo. Con nuestra presencia hemos tratado de ratificar la relevancia del sector minero para el país, en cuanto contribuye decisivamente con su crecimiento y desarrollo; así como mostrar nuestra posición como país que se encuentra preparado para seguir captando inversiones. Sobre todo, en exploración, ya que contamos no solo con un enorme potencial geológico y un marco fiscal y jurídico adecuado para el desarrollo de esta actividad, sino también con un marco económico que ofrece ventajas competitivas en los ámbitos energético, de mano de obra y de conocimiento y de tradición minera, que nos convierte en un país atractivo para el desarrollo de la actividad minera.
¿Hubo manifestaciones concretas de interés por parte de los inversionistas a esas propuestas?
Totalmente. Tuvimos una nutrida agenda de reuniones con gobiernos, agencias cooperantes, inversionistas y empresas exploradoras, de Canadá y de diversos países, y en cada una de esas reuniones percibimos gran interés y expectativa de todos ellos por lo que el Perú tiene para ofrecer en el ámbito minero. Eso nos permite ser optimistas respecto a los beneficios que el sector minero seguirá generando para el país a futuro.
¿Qué tanta inquietud hubo respecto a la situación política del país?
No observamos ninguna. Y es que, si bien entre agosto y setiembre del año pasado hubo algunas señales de preocupación explicadas por la conflictividad, que se reflejó en la encuesta del Instituto Fraser, y luego por la situación política tras lo ocurrido con el Congreso, ellas se han ido disipando en la medida que ambas se han resuelto dentro de los canales institucionales.
Hecho que, en general, ha sido valorado por los inversionistas de diversos mercados.
Sí. Y a eso ha contribuido que las operaciones de Las Bambas, por ejemplo, han recuperado su normalidad, y que el Tribunal Constitucional le dio la razón al Ejecutivo en lo relacionado con el cierre del Congreso. Creo que los inversionistas han percibido eso positivamente, por lo que en las reuniones no solo no han manifestado preocupación al respecto, sino incluso han dado muestras de que quieren seguir invirtiendo en el sector.
¿Y cuál ha sido el mensaje que llevaron para ellos?
Que lo que estamos buscando en el país es una minería que no solo busca que los proyectos sean económicamente viables y financieramente bancables, sino que sean ambientalmente sostenibles, respetuosos del medio ambiente y operen sujetos a la fiscalización y supervisión, y cumplan las normas, de las entidades que actúan en este ámbito. Y en lo social, que buscamos que las empresas establezcan acuerdos, compromisos y alianzas que apunten al desarrollo integral de las comunidades locales, y que vayan más allá de solo las políticas anteriores de ‘buen vecino’ que marcaban las relaciones entre ellas.
En concreto, ¿cuáles fueron los anuncios que llevó el gobierno peruano al PDAC?
Hicimos varios, y todos fueron recibidos con gran expectativa. Entre ellos, sin embargo, puedo destacar la prórroga de tres años del mecanismo de devolución de IGV e IPM para los proyectos en fase de exploración minera, lo que les da mayor predictibilidad y seguridad a las
inversiones en este rubro; la resolución ministerial que estableció el adelanto del inicio de la Consulta Previa para las actividades explotación, beneficio y transporte minero, que habíamos emitido al final del año pasado, y cuya ventaja es que dispuso que el proceso de consulta se hará por todo el proyecto y no por cada medida administrativa, como era antes; y la modificación de la LGM en el extremo de los contratos de estabilidad tributaria por 15 años y que permite llevar la contabilidad en dólares, lo que le da estabilidad a grandes inversiones, las que requieren de seguridad jurídica por su volumen y evitar riesgos cambiarios y distorsiones en la contabilidad de las empresas, y que es una nueva herramienta para promover precisamente estas inversiones que generan trabajo, recursos tributarios, transferencia de tecnologías y oportunidades de crecimiento y desarrollo para las poblaciones locales.
Vea la revista completa AQUÍ
