Existen por lo menos cuatro desafíos para esta problemática: adaptación legislativa, creación de espacios de diálogo para gobernanza ambiental, vulnerabilidad de las comunidades indígenas y prácticas mineras sostenibles.
Por: Daniel Hernando Hernando, Investigador asociado al Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
Con la promulgación de la Ley N°27651, el Estado peruano ha buscado durante varias décadas formalizar y regularizar la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), pero a la fecha los resultados han sido limitados. Desde sus inicios en 2002, este proceso de formalización ha estado marcado por una percepción negativa de la MAPE, a pesar de su larga tradición y la importancia económica y social para el país, dado que genera al menos 500,000 puestos de trabajo.
Un aspecto no tan mencionado en este debate es el de la minería MAPE, dentro de las Zonas de Amortiguamiento (ZA) de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Este punto es crucial, ya que representa una intersección necesaria de conciliar entre la conservación ambiental y las actividades mineras, predominantemente artesanales y de pequeña escala, especialmente en la
región amazónica.
Las ZA alrededor de las ANPs son cruciales para equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico, especialmente en el contexto de la minería MAPE. Estas zonas actúan
como barreras para mitigar los impactos negativos de la actividad humana en ecosistemas sensibles, permitiendo a la vez que las comunidades locales puedan aprovechar los recursos de estos territorios. Al formalizar y regular las actividades mineras en estas zonas, se promueven prácticas más sostenibles y responsables, se protege la biodiversidad y se gestionan los conflictos potenciales, contribuyendo así a un desarrollo más equilibrado y sostenible.
DESAFÍOS DE LA MAPE EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
Existen por lo menos cuatro desafíos para esta problemática: adaptación legislativa, creación de espacios de diálogo para gobernanza ambiental, vulnerabilidad de las comunidades indígenas y prácticas mineras sostenibles.
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En primer lugar, si bien la legislación peruana contempla un régimen específico para la minería MAPE, este aún no se ajusta a las necesidades de protección de las zonas de amortiguamiento y de las comunidades indígenas que las habitan. De acuerdo con Global Forest Watch, desde el 2002 hasta el 2023, nuestro país ha perdido cerca de 2.62 millones de hectáreas de bosque primario, siendo las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín aquellas con mayor pérdida de cobertura
arbórea.
En segundo lugar, es crítico reimaginar un proceso de formalización viable, de manera que incorpore estrategias de gobernanza ambiental que logren equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico, que priorice la participación de las comunidades locales, en toma de decisiones y creación de mecanismos de mercado que fomenten prácticas mineras sostenibles.
La situación de la MAPE se complejiza al considerar que las zonas donde se lleva a cabo habitan comunidades indígenas que participan de las actividades extractivas.
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