Así indicó Delia Muñoz, Presidenta del Foro Políticas Públicas en Minería 2025 – 2026 del principal evento minero del año, a realizarse en Lima del 11 al 13 de setiembre.
Son muchos los temas de política pública que urgen tratarse con detenimiento para el desarrollo sostenible del sector minero, entre ellos están el cómo combatir frontalmente a la minería ilegal y cómo gestionar eficientemente los recursos del canon para que los pobladores puedan ver
mejoras en su entorno actual. Sobre estos y otros apuntes conversamos con Delia Muñoz.
Si tratara de hacer un balance, ¿Cuál diría que es la situación del diseño, implementación y gestión de las políticas públicas en el país?
Sobre el tema de la implementación y la gestión de las políticas públicas en el país, puedo decir que es un tema demasiado amplio, que realmente implicaría realizar un estudio especial. Sin embargo, lo que uno puede ver de una manera directa es que tenemos un déficit de planificación y de gestión de las políticas públicas a nivel genérico.
Y a nivel del sector minero, también vamos a encontrar una situación bastante especial, por cuanto la percepción que se tiene es que el Ministerio de Energía y Minas ha licuado sus competencias y no hay un órgano que detente de manera centralizada la planificación, diseño y ejecución de las políticas públicas.
¿Cuáles señalaría como los principales impactos -tanto positivos como negativos- que han tenido las políticas públicas en la actividad de la industria minera?
Podemos poner como un tema positivo el de la participación ciudadana. Hoy en día los ciudadanos pueden opinar sobre los proyectos de normas y pueden intervenir en los más diferentes espacios
que puedan existir.
Sobre lo negativo, es la sensación de que el Ministerio de Energía y Minas ha licuado su competencia y que las grandes decisiones vinculadas al sector han pasado a Cultura, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Trabajo cuando controla el cumplimiento de una serie de obligaciones. Eso sería lo negativo.
La inversión de los recursos aportados al Estado por la minería ha sido señalada como una de las políticas públicas cuya mejora es urgente, dadas sus deficiencias. ¿Qué acciones o medidas deberían implementarse para lograr ese objetivo?
El tema de los recursos que aporta la minería tiene dos vertientes, en primer lugar, el verificar si las empresas del sector minero están contribuyendo y aportando de una manera apropiada. Para eso es necesario que se tenga certeza que todos están cumpliendo de una forma adecuada.
La segunda vertiente que tiene los recursos que aporta la minería están reflejadas en el tema del
canon, y allí sí hay mucho por hacer por cuanto no hay una vigilancia real por parte de los órganos del poder Ejecutivo como el Ministerio de Economía y Finanzas o de la Controlaría General de la República, que realmente supervisen en qué se está gastando el canon y si realmente se están cumpliendo con los fines para los cuales fue establecido.
Lo que apreciamos periódicamente es la modificación vía reglamentaria de la utilización de los recursos por canon para atender el fenómeno del niño u otra emergencia, y nuevamente se pierde el rastro de si lo recursos están siendo atendidos para aquellos fines para los que fueron creados.
¿De qué manera cree que, desde el ámbito privado, el sector minero podría aportar a esta tarea?
En ese contexto, el sector minero sí puede aportar porque las organizaciones, tanto públicas como de la sociedad, necesitan un apoyo técnico o un grupo que les pueda ayudar a preparar los expedientes técnicos, a hacer la factibilidad de la inversión, así como la mejor manera de convocar las licitaciones. Allí, se puede aportar experiencia y eficiencia.
Lea la entrevista completa en nuestra edición 161 de Rumbo Minero, aquí.
